Debería de existir una ley que condene a las constructoras que dejen sin
acabar sus proyectos si esto crea una imagen fea de su entorno, además
de peligrosa o si puede provocar ocupismo.
Antes esas situaciones una
constructora del gobierno debería encargarse de terminar la obra si a
esta le queda poco, expropiar, sancionar o poner una fecha limite para
su finalización.
En ese terreno se pueden construir viviendas de
protección oficial o edificios del estado, tipo Centro Joven, Agencia
Turística, etc.
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